¿Acaso alguien puede borrar las marcas del horror que quedan impresas en lo que fue un campo de concentración?
Más aún, no pocos se preguntarán cómo puede sentirse un educador que debe enseñar en aulas que fueron escenario de tortura y muerte; en un edificio que no fue construido ni pensado para escuela sino para prisión militar, primero, y posteriormente convertido en centro clandestino de detención.
El Campo de La Ribera funcionó como prisión militar de encausados hasta 1975. En ese momento, el Comando Libertadores de América (versión cordobesa de la Triple A) comenzó a utilizarlo como centro clandestino (ver Secuestro masivo...) con la anuencia del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez.
En el ex centro clandestino de detención y exterminio, conocido como Campo de La Ribera, funcionan todavía dos centros educativos: el Jardín de Infantes Canónigo Piñero (nivel inicial) y el Centro Educativo Canónigo Piñero (nivel primario). El Ipem 133 Dr. Florencio Escardó (nivel medio), que funcionaba en La Ribera desde 1991, hace pocas semanas se mudó a un nuevo edificio.
Esta zona está ubicada al nordeste de la ciudad de Córdoba, con las márgenes del río Suquía al norte y oeste; barrios Müller y Maldonado, al sur; barrio Renacimiento, al este, y tiene al Cementerio San Vicente como referente de características particulares, ya que desde 2003 viene trabajando el Equipo Argentino de Antropología Forense en la exhumación e identificación de personas inhumadas como NN, durante la última dictadura militar.
En aquellos lugares conviven la pobreza oculta, escuelas que funcionan en campos de concentración y el cementerio donde se ocultaban los cadáveres de los desaparecidos. Todo un símbolo.
Un poco de historia. En 1990, siendo gobernador Eduardo César Angeloz, la Provincia compró el terreno al Ejército, con la promesa de reacondicionar los edificios. Se trasladó la escuela primaria a lo que había sido el casino militar del Campo La Ribera. Durante la "inauguración" de este centro educativo, se anunció la pronta creación de una escuela de nivel medio, de suma necesidad en la zona. Esta escuela era el Ipem 133 Dr. Florencio Escardó, que al poco tiempo comenzó a compartir el edificio con la primaria. En 1991, ante la necesidad de más espacio, para los nuevos cursos que se estaban creando, el Ipem empezó a ocupar como aulas el edificio que había funcionado como centro clandestino de detención.
Cuando llegaron los docentes a este lugar encontraron las marcas de lo que había sido el campo de concentración. Cuenta una docente de aquellos tiempos: "Tuvimos que limpiar hasta las paredes, porque algunas estaban manchadas de sangre". A partir de entonces, con mucho esfuerzo de la comunidad de la zona, se han realizado distintos cambios y arreglos en los edificios.
Desde hace varios años, los vecinos, junto a la Red Social de la 5ª, los organismos de derechos humanos de Córdoba y el Archivo Provincial de la Memoria trabajan para transformar este lugar en un espacio para la educación en derechos humanos y en un centro para la memoria y la participación ciudadana. Y su perseverancia tuvo frutos: lograron que los alumnos del Ipem se eduquen, de ahora en más, en un nuevo edificio cercano y apropiado. Además, ya se están levantando los otros dos establecimientos, donde funcionarán en un futuro las dos escuelas que aún están en el ex campo de concentración.
Las dificultades y los logros. Pero para llegar a esta situación se han sorteado muchas dificultades. Las escuelas han funcionado sin luz, ya que nunca se arreglaron los problemas de infraestructura de las instalaciones y tampoco se les realizó el mantenimiento correspondiente. Incluso, el año pasado, se solicitaron baños químicos para poder funcionar buena parte de ese período.
Sin teléfono, sin baños, sin luz, la situación llegó al límite. Así fue que en agosto último, frente a este desalentador panorama, las madres de los alumnos decidieron tomar el establecimiento, con la participación activa de los organismos de derechos humanos y la Red de la 5ª, con el lema "Por nuestro derecho a la educación; por nuestro derecho a la memoria". Docentes, madres y alumnos de las escuelas de La Ribera llevaron a cabo jornadas de protesta.
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Pero el trabajo conjunto de diferentes actores sociales hizo que se los escuche y hoy van haciendo realidad sus objetivos, aunque no sin dificultades. Es una zona olvidada y marginal, vista desde otros sectores de la ciudad como "zona roja", donde la mayoría de los habitantes se encuentra desde hace muchos años en situación de desocupación o subempleo; por eso, hoy más que nunca, las escuelas son de vital importancia. Pero deben funcionar en lugares dignos para impartir la enseñanza.
Por la memoria. Silvia Melani y Marcia Chretien pertenecen al Programa de Atención Técnica Escuela-Comunidad, del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, integran también la Red Social de la 5ª y trabajan al lado de la comunidad del Campo de La Ribera y barrios aledaños.
Son las impulsoras, junto a los demás integrantes de la Red de la 5ª, del proyecto "Creación del espacio para la memoria, la educación y la participación en el ex Centro Clandestino de Detención Campo de La Ribera". "La construcción de esta propuesta es para nosotros un ejercicio de ciudadanía, que nace de la responsabilidad que sentimos de actuar para que las instituciones educativas de Campo de La Ribera no permanezcan en esta situación injusta, y para que las personas que estuvieron allí detenidas, violentadas en su humanidad hasta llegar a perder la vida, puedan tener, junto a sus familias, un lugar para el recuerdo y la transmisión del legado histórico de las luchas de nuestro pueblo", sostienen Melani y Chretien. Las dos consideran que el trabajo es codo a codo con los habitantes de la zona ya que son quienes conocen sus necesidades.
Respecto de que el Ipem 133 ya esté funcionando en el nuevo edificio resaltan: "Fue el logro de las luchas de la comunidad, la escuela y la Red, y creemos que la resignificación con el reconocimiento de la historia debe ser incorporada a las memorias colectivas, como contenido curricular, y al proyecto educativo institucional como base de una educación con memoria y participación".
Al mismo tiempo, Manuel Nievas, del Archivo Provincial de la Memoria, expresa: "Nuestra propuesta busca ligar pasado y presente, vinculando educación y derechos humanos".
La apuesta de la Red Social de la 5ª se fundamenta en el compromiso que se adquirió como país; no sólo frente a la comunidad internacional, sino frente a nosotros mismos, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se afirma que es el gobierno quien debe garantizar una educación accesible, aceptable y adaptable. Es decir, una educación básica, gratuita y obligatoria, que cumpla con los mínimos parámetros de calidad y en la que las escuelas se adapten a los chicos y no ellos a la escuela.
Fuente:http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=515086 10 de Agosto de 2011
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