"Si yo fuera un pibe menor de 16 años que vive en una villa, no me sentiría nada seguro, porque sin cometer ningún delito podría ser privado de la libertad. Muchas veces se trata al adolescente careciente como infractor. Se debe diferenciar al menor abandonado del adolescente que delinque", sostiene Eugenio Zaffaroni -ministro de la Corte Suprema de Justicia- al criticar la ley tutelar existente.
A algunos sectores de esta ciudad no les resulta raro que los delincuentes sean por lo general pobres. Y el prejuicio aristocrático cordobés todavía vigente hace que la legislación permanezca en el freezer. Y lo que más cuesta es hacer que el Estado deje de actuar por vía judicial ante un problema social y abandone la concepción de “infancia peligrosa”. Porque ya Rousseau lo advirtió: el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. El “buen salvaje” quizá pueda servir para explicar el eufemismo del Estado tutelar.
Las sociedades avanzan, se vuelven más complejas pero las leyes no y sus aplicaciones menos. Y esto hace que el pensamiento retroceda de la mano de un Estado que concibe que los jóvenes, que se alejan de las conductas y normas de convivencia sociales, deben ser puestos a disposición de la justicia. En vez de tratar de hacer algo para que estos jóvenes no lleguen a “menores”.
No podemos decir que el Estado no hizo nada. Esta vez el Estado actuó pero de manera mezquina y sin profundizar la cuestión. En 2005 derogó la Ley del Patronato del Menor más obsoleta y sin sentido que la palabra “patronato” y promulgó la Ley Nacional de Infancia. El Gobierno provincial adhirió en 2007 a esta ley pero no la acompañó de las políticas públicas necesarias para tratar a los jóvenes en situación de pobreza. Hasta creó la figura de un Defensor del Niño. Sin saber que el niño desde su hogar ya tiene quién lo defienda.
En el régimen tutelar, sólo artículos para que los jóvenes vayan a correccionales, prevencionales e institutos de menores. Mientras que la Ley nacional considera que el encierro tiene que ser la última opción y tienen que funcionar redes de contención impresas en la reglamentación. Porque lo que se pretende es lograr que la trilogía Estado-Familia-Sociedad Civil actúe para apaciguar la intervención judicial. La ley es real pero su aplicación es ideal.
Por otro lado hay un sagaz ingrediente que hace la cuestión más compleja: el sistema de comunicación. Entre los favoritos de los medios de comunicación se ubican las crónicas policiales. Éstas que demonizan, clasifican y estigmatizan con alevosía y hasta, en el peor de los casos, dictan más sentencias que los propios jueces. Y encima se adjudican arbitrariedad porque se autoproclaman estar al “medio”. Así recaen en lugares comunes que no debieran ser tan comunes y, de esa forma, construyen un tipo de realidad que necesitan para pergeñar y perpetuarse.
Y un hecho delictivo se convierte en una cuestión de estado porque una banda de delincuentes y malvivientes (menores en conflicto con la ley penal) protagonizaron un crimen (hecho delictivo) para robarle a un señor que vivió una “odisea” cuando fue asaltado.
Lo que la nueva mirada y, por lo tanto, la nueva Ley de Infancia aspira es ocuparse de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes en una etapa previa para que no terminen siendo alojados en correccionales e institutos de menores. Se pretende fortalecer los vínculos en la familia como primer célula de contención y para que no sean apartados de su propio ámbito.
Si la pobreza está ligada a la delincuencia el objetivo primero es, entonces, atacar la pobreza. Algo de razón habrá tenido Kai Friedrich Schade cuando en la Conferencia Nacional de la Pobreza en Alemania advirtió que la pobreza es “riqueza mal repartida”. Y algo de razón habrá si se concibe que muchos sectores juveniles en situación de pobreza llegan a la delincuencia.
Desde algunas organizaciones civiles se generan acciones para promover un cambio de mirada y permitir pensar la realidad social desde lo social y no desde la ley penal. La Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia (Munaf), Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia y Colectivo Cordobés por los Derechos de niñas, niños, y jóvenes son algunos organismos que trabajan por los menores en conflicto con la ley penal haciendo real la Ley de la Infancia.
Por María Eugenia Lunad Rocha
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