El proceso buscará dilucidar la responsabilidad de dos productores agrarios y el propietario de una empresa de fumigación aérea en la contaminación con agrotóxicos sufrida por habitantes de un barrio.
El inicio del juicio - que comenzará este lunes- estará acompañado por una manifestación que diferentes organizaciones sociales y ambientales convocaron a realizar bajo la consigna "La marcha por los Pueblos Fumigados".
La movilización estará encabezada por representantes de la agrupación Madres de Barrio Ituzaingó Anexo y del colectivo Paren de Fumigar Córdoba, y partirá a las 8 de la rotonda del Parque Sarmiento hacia los Tribunales II.
En el banquillo de los acusados estarán sentados los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli, acusados del delito de "contaminación dolosa continuada", y el empresario Edgardo Pancello, imputado de ser el supuesto autor de las fumigaciones ilegales.
Los tres fueron respaldados días atrás por la Federación Agraria Argentina (FAA), que a nivel nacional encabeza el dirigente de la Mesa de Enlace Eduardo Buzzi.
Hace once años un grupo de mujeres, luego integrante del colectivo Madres de Ituzaingó Anexo, relevó que las fumigaciones áereas habrían ocasionados enfermedades, en muchos casos terminales, en la población vecina a campos de soja.
Pañuelos blancos en la cabeza de las mujeres, niños con mascarillas, bebés con malformaciones despertaron la atención de los pobladores. Así decidieron realizaron un estudio en las casas del barrio para detectar los efectos contaminantes en la salud.
"Empecé a llamar casa por casa y las madres me contaban su situación. Nos conocimos así, llamando puerta por puerta. Poco a poco se fueron sumando", recordó Sofía Gatica, una de las impulsoras de la agrupación.
La encuesta reveló 60 casos de cáncer, bebés con malformaciones de riñón, de intestinos, sin maxilares, 14 casos de leucemias, enfermedades respiratorias y dermatológicas, entre otras afecciones. Los casos de cáncer ascendían a 200 en una población de 5 mil habitantes.
El municipio, a pedido de las Madres de Ituzaingó, realizó una serie de análisis ambientales que comprobaron que los agroquímicos que los productores sojeros fumigaban a pocos metros del barrio eran presuntamente motivo de las enfermedades.
Además, se hallaron en el agua corriente restos de endosulfán, uno de los agrotóxicos más utilizados en las plantaciones. En febrero de 2008, la secretaría de Salud de la municipalidad de Córdoba denunció por envenenamiento a dos productores de soja y a un fumigador.
Los tres acusados llegaron al juicio detenidos y procesados. Darío Ávila, abogado ambientalista e integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, resaltó la labor del fiscal de Instrucción Carlos Matheu en la investigación del caso.
En caso de ser encontrados culpbles, los imputados podrían enfrentar una pena de 3 a 10 años de prisión. Ávila destacó en un informe que casos similares al del Barrio Ituzaingó Anexo se viven en San Jorge, Santa Fe; La Leonesa, en Chaco, y otras localidades llamadas "sojeras".
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